La cuenta atrás ha comenzado: a partir del 28 de junio de 2025, la Ley Europea de Accesibilidad exigirá que páginas web y aplicaciones digitales cumplan con los estándares WCAG 2.2, un marco que busca garantizar que cualquier persona, incluidas aquellas con discapacidades, pueda navegar por Internet sin barreras. El incumplimiento no será un mero descuido técnico: conllevará multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros, además de un severo daño reputacional para las organizaciones afectadas.
Un marco legal cada vez más exigente
En España, la accesibilidad digital ya cuenta con una base normativa sólida desde la aprobación del Real Decreto 1112/2018, que regula los sitios web y aplicaciones móviles de las Administraciones Públicas. A nivel europeo, la Directiva 2016/2102 marcó el camino para homogeneizar criterios, obligando al sector público a cumplir con estas reglas.
La novedad es que ahora el ámbito de aplicación se amplía: bancos, comercios electrónicos, utilities y cualquier empresa que ofrezca servicios esenciales también estarán obligados a cumplir. En palabras de expertos en derecho digital, “la accesibilidad pasa de ser una recomendación técnica a convertirse en un imperativo legal con consecuencias tangibles”.
Los nuevos estándares WCAG 2.2
La versión 2.2 de las WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) introduce mejoras pensadas para usuarios con discapacidades cognitivas, de aprendizaje o con dificultades en la navegación digital.
Entre los cambios más relevantes destacan:
- Mayor énfasis en la navegación por teclado.
- Reglas más claras para formularios y contenidos interactivos.
- Mejores criterios para el contraste visual y la legibilidad.
- Directrices para simplificar tareas comunes en la web.
Los niveles de conformidad siguen siendo A, AA y AAA, siendo el nivel AA el estándar recomendado para la mayoría de las organizaciones.
Multas y consecuencias del incumplimiento
El riesgo de incumplir va mucho más allá de la sanción económica. Según la normativa, las infracciones se dividen en leves, graves y muy graves:
- Leves: Falta de información sobre accesibilidad.
- Graves: Ausencia de características esenciales, como textos alternativos en imágenes.
- Muy graves: Incumplimiento reiterado o resistencia a subsanar errores tras una notificación oficial.
Las multas pueden oscilar entre 30.000 € y 600.000 €, con sanciones adicionales de hasta 1.000 € diarios si no se corrigen los problemas en el plazo establecido. A esto se suman consecuencias indirectas: pérdida de clientes, quejas en redes sociales, demandas judiciales y una erosión de la confianza de los usuarios.
Proceso de inspección y denuncia
La Agencia Española de Supervisión de la Accesibilidad Web y las autoridades competentes en cada país serán las encargadas de auditar y sancionar. Estas inspecciones se apoyarán en herramientas automáticas de análisis y en denuncias presentadas por ciudadanos.
Una vez notificada la infracción, las empresas dispondrán de un plazo limitado para implementar los cambios necesarios. Si no cumplen, la sanción será inevitable.
La accesibilidad como inversión, no como gasto
Cada vez más empresas comprenden que la accesibilidad no solo evita sanciones, sino que mejora la experiencia de todos los usuarios. Formularios más claros, navegación intuitiva y contenidos legibles benefician a cualquier internauta, no únicamente a las personas con discapacidades.
En este sentido, compañías del sector digital recuerdan que invertir en accesibilidad es una ventaja competitiva: “un sitio accesible llega a más público, reduce la tasa de rebote y aumenta la fidelidad de los clientes”.
Casos reales: multas que sirven de aviso
España y otros países europeos ya han sancionado a empresas por incumplir. En 2021, Vueling fue multada por no adaptar correctamente sus sistemas de reservas online. A nivel internacional, gigantes como Domino’s Pizza y Ticketmaster han afrontado demandas millonarias por la falta de accesibilidad en sus webs y apps.
Estos precedentes dejan claro que las autoridades y los tribunales están dispuestos a actuar con firmeza.
Cómo adaptar una web a tiempo
Los expertos recomiendan comenzar cuanto antes con una auditoría completa. Las fases clave incluyen:
- Evaluación inicial con herramientas como WAVE, Lighthouse o AXE.
- Revisión manual para verificar navegación por teclado, compatibilidad con lectores de pantalla y jerarquía de encabezados.
- Corrección de errores de contraste, etiquetas de formularios y textos alternativos.
- Pruebas con usuarios reales para validar la usabilidad.
El proceso completo puede llevar de 2 semanas a varios meses, según la complejidad de la web.
Conclusión: una oportunidad para construir un Internet inclusivo
La entrada en vigor de la Ley Europea de Accesibilidad supone un cambio de paradigma. Las webs que no cumplan no solo se enfrentarán a sanciones, sino que quedarán rezagadas en un mercado donde la inclusión y la experiencia de usuario son cada vez más valoradas.
Lejos de ser un gasto, la accesibilidad se perfila como una inversión estratégica en reputación, competitividad y sostenibilidad digital.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué cambia con la entrada en vigor de la Ley Europea de Accesibilidad en junio de 2025?
A partir de esa fecha, no solo el sector público, sino también bancos, e-commerce y servicios esenciales deberán cumplir con los estándares WCAG 2.2.
¿Cuál es el rango de sanciones económicas por incumplimiento?
Las multas van de 30.000 € a 600.000 €, con posibles sanciones diarias de hasta 1.000 € si no se corrigen los problemas.
¿Qué beneficios aporta cumplir con los estándares WCAG 2.2?
Además de evitar multas, mejora la usabilidad para todos los usuarios, aumenta la confianza de los clientes y fortalece la reputación digital.
¿Cómo saber si mi web cumple con los estándares de accesibilidad?
Se recomienda realizar una auditoría con herramientas automáticas como Lighthouse y complementarla con pruebas manuales de navegación y lectura de pantalla.
